Fundada en 2017 en Atlanta, Flock Safety comercializa cámaras ALPR equipadas con IA que capturan la matrícula de cada vehículo que pasa bajo su campo de visión. El hardware se instala en postes de luz y semáforos, enviando la información a una base de datos centralizada donde algoritmos de reconocimiento cruzan los números con registros de autoridades y fuentes privadas.
El sistema combina la lectura automática de matrículas con análisis predictivo, permitiendo identificar patrones de movimiento, horarios de mayor afluencia y posibles coincidencias con personas buscadas. Cada unidad incluye sensores de temperatura y conexión 4G, lo que garantiza funcionamiento continuo incluso en zonas sin cableado tradicional.
En varios estados estadounidenses, los ayuntamientos han firmado contratos millonarios para desplegar la red completa, argumentando que la presencia constante de la tecnología reducirá robos de vehículos y agilizará la localización de personas desaparecidas. Los informes oficiales citan una disminución del 12 % en incidentes de robo en áreas donde la cobertura supera el 80 %.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos digitales señalan que la misma capacidad de rastreo se presta para acoso y persecución. Casos documentados en foros de internet muestran que usuarios malintencionados pueden acceder a las imágenes mediante vulnerabilidades en la API, obteniendo historiales completos de desplazamiento de individuos específicos.
Los críticos también denuncian la falta de supervisión independiente sobre la retención de datos. Según la política de la empresa, la información se conserva durante 90 días, pero la legislación de algunos estados permite extensiones sin notificación al propietario del vehículo.
Controversia y regulación en EE. UU.
En Estados Unidos, la ausencia de una normativa federal unificada deja la responsabilidad en manos de legislaciones estatales. Texas y Arizona han aprobado leyes que obligan a publicar avisos visibles, mientras que California ha prohibido el uso de reconocimiento facial en conjunto con ALPR sin consentimiento expreso. Los tribunales siguen recibiendo demandas que cuestionan la constitucionalidad del rastreo masivo bajo la Cuarta Enmienda.
El debate se intensifica cuando se comparan los beneficios declarados con los riesgos de crear una infraestructura de vigilancia continua. Expertos en seguridad cibernética advierten que la concentración de datos de movilidad en pocos servidores constituye un objetivo atractivo para ataques de ransomware, lo que podría exponer información sensible de miles de ciudadanos.
Desafíos en España
Si el modelo de Flock Safety llegara a territorio peninsular, tendría que someterse al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD). Estas normativas exigen evaluación de impacto, autorización previa y mecanismos de oposición para los afectados.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation España y la Asociación de Usuarios de Internet ya han pedido al Gobierno que establezca límites claros sobre la instalación de cámaras ALPR en vía pública. En el Parlamento, varios grupos políticos solicitan que cualquier proyecto incluya auditorías independientes y que los datos se anonimicen después de 30 días.
El futuro de la vigilancia automatizada en la península dependerá de la capacidad de equilibrar la seguridad pública con los derechos fundamentales. Mientras los fabricantes amplían sus ofertas, los reguladores deberán decidir si la tecnología se convierte en una herramienta de prevención o en un instrumento de control indiscriminado.